«El terrible número de fallecidos y enfermos graves, así como el alto porcentaje de personal sanitario contagiado por la Covid-19, exige explicaciones no sólo en el ámbito político, ante las Cortes Generales y en su momento con la celebración de elecciones, pero también deben darse, por quien corresponda, en el ámbito judicial». Así comienza el nuevo artículo de opinión de Ignacio R. de la Riva, socio de nuestro despacho, que hoy publica el medio Voz Pópuli.

En opinión de Ignacio, «se ha hablado y escrito ya sobre las responsabilidades que podían derivarse de la inacción de las delegaciones del Gobierno respecto de las comunicaciones de las manifestaciones del 8 de marzo, pero existen otros momentos temporales y otras actuaciones que deben ser investigadas por los Juzgados de Instrucción, bien por los que ya han incoado Diligencias Previas, bien por otros órganos jurisdiccionales, incluidas las investigaciones que afecten a aforados y deban residenciarse en el Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia».

«Cada día van apareciendo informaciones en los medios que ponen el foco sobre los días previos a la declaración del estado de alarma, y que ponen en duda si se ha actuado de forma correcta y diligente, como la petición de ayuda del Ministerio de Defensa a la OTAN en la que afirma que la pandemia había empezado el día 9, que se contradice con los informes que el Departamento de Seguridad Nacional venía realizando y los posteriores en los que se calificaba el riesgo como moderado», continúa Ignacio R. de la Riva.

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Ignacio R. de la Riva
Socio de De la Riva y Pastor Abogados

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