La recuperación del dinero obtenido con los contratos de las mascarillas depende ahora de que el Ejecutivo impulse la nulidad de las adjudicaciones y reclame sus efectos económicos
Sólo han transcurrido unas semanas desde que conté en esta misma tribuna aquello de Víctor de Aldama, colaborador o chivato, y resultó bastante premonitorio lo que avanzaban los medios de comunicación respecto de la condena final en el caso de las mascarillas, porque el Gobierno se ha venido empeñando en las últimas semanas en criticar la figura del colaborador en las causas judiciales, hasta el punto de hacer declaraciones a favor de que el Sr. Aldama ingrese en prisión, o que no va a devolver ni un céntimo de lo saqueado a las arcas públicas.
El Sr. Aldama tendrá que devolver gran parte del dinero cobrado del Estado por los contratos de las mascarillas, siempre y cuando el Gobierno cumpla con sus obligaciones y no mantenga una actitud pasiva como hasta ahora en este asunto, pues no se olvide que la Abogacía del Estado no se personó como acusación particular en el caso Ábalos, lo cual es inaudito a la vista del perjuicio que se había causado a la Administración pública por la trama de corrupción. Esta circunstancia, unido al hecho de que, legalmente, las acusaciones populares no pueden reclamar responsabilidades civiles en el proceso penal, hizo descansar toda la acusación relacionada con los contratos ilícitos y sus efectos económicos en la Fiscalía Anticorrupción, que lamentablemente, no instó ni la nulidad de los contratos ilícitos, ni pidió la fijación de una responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, que hubieran exigido que el Tribunal Supremo se pronunciase al respecto. La presencia en las actuaciones de la Abogacía del Estado habría ayudado a exigir estas responsabilidades en la parte económica de la trama, dejando a la Fiscalía, con una buena coordinación, la pelea en las responsabilidades estrictamente penales.
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