No estamos ante un delator ni ante un chivato, sino ante un encausado que ha decidido colaborar con la justicia en una causa de corrupción en la que su testimonio puede resultar clave para condenar a los culpables y recuperar el dinero defraudado
Ha quedado visto para sentencia uno de los juicios de corrupción más relevantes de nuestra historia reciente. Ni por la cuantía de las dádivas, ni por la extensión de la organización criminal (supuesta hasta que se dicte sentencia condenatoria y sea firme), sino porque afecta al que fue todopoderoso número dos del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Ábalos, en aquel tiempo además ministro de Fomento, y porque existen numerosos indicios que apuntan a una financiación ilícita de ese partido político.
Algunos recordamos, hoy con una sonrisa inocente, las tramas de corrupción de los años 80, como la del famoso caso Juan Guerra, hermano del entonces Vicepresidente del Gobierno, que fue condenado y luego absuelto, por utilizar un despacho oficial para asuntos particulares. La candidez de entonces contrasta con lo sórdido de los hechos principales y los periféricos que se han debatido en el plenario, pagado con el dinero de todos nosotros. No se trata de si la conducta particular de una persona es correcta o no, porque el Tribunal Supremo no es el Tribunal del Santo Oficio, y por mucho que el morbo curioso del ciudadano quiera saber más, las actividades privadas de los enjuiciados quedan extramuros del proceso penal, salvo en lo que se refiere a que el pago de estas actividades saliera en el fondo de los contratos públicos adjudicados.
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