No se ha escrito aún casi todo sobre la guerra híbrida de Marruecos en Ceuta, ni sobre la inacción del Gobierno de España; es más, se ha escrito aún poco al respecto dada la gravedad de la situación y los efectos persistentes de la oleada de personas que ingresaron ilegalmente en la ciudad, varios miles de los cuales aún circulan por sus calles.
Me gustaría detenerme en esta tribuna de opinión en las consecuencias económicas de la crisis, que, según la Cámara de Comercio de Ceuta, ha supuesto en un mes, unas pérdidas de más de 33 millones de euros para los negocios de la ciudad autónoma. Se trata de un tejido empresarial basado, aún más que en el resto de España, en autónomos y microempresas, muy dependientes de la economía local, con poco intercambio comercial con la península, y que depende en gran medida del turismo, hoy reducido en más de un 90%, y de la feria de Ceuta, anulada por razones obvias.
Con los negocios cerrados y las pérdidas ya sobre la mesa, el Gobierno ha tardado casi un mes en aprobar el Real Decreto Ley, de 1 de septiembre, de medidas urgentes de carácter social y económico, que se ha anunciado como un plan de choque para ayudar a las empresas ceutíes, y que incluye desde subvenciones directas, a líneas de avales del Estado, pasando por reducciones en los impuestos o en las cuotas de la Seguridad Social.
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