Nuestro socio director y cofundador, Ignacio de la Riva, detalla en The Objective las claves de la nueva ley contra la corrupción en España, impulsada por el Gobierno. Su aprobación y entrada en vigor es el resultado de la trasposición de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea (UE).

La norma establece como obligatoriedad la puesta en marcha de un canal interno y anónimo de denuncias para empresas con más de 50 empleados. Entre ellas también entran partidos políticos, sindicatos, organizaciones y fundaciones que reciban fondos públicos para su financiación. El objetivo es informar de casos de corrupción sin recibir represalias por parte de superiores.

Nuestro socio director explica que «tiene muchas lagunas», ya que no contempla un decálogo sancionador claro. «Va mucho más allá del espíritu de la Directiva de la UE», continúa. Las multas muy graves van desde los 600.001 euros hasta el millón de euros para la empresa u organización infractora. Igualmente, quedarán fuera de las licitaciones públicas por un periodo máximo de tres años.

Sanciones de la ley contra la corrupción

En cuanto a las personas físicas, se contemplan sanciones de entre 100.001 euros a 600.000 euros para las infracciones consideradas como muy graves. Elevan de forma exponencial las recogidas en el Código Penal para delitos de corrupción. Estas van desde 36.000 euros para revelación de secretos o 150.000 por blanqueo.

«No establece mecanismos para garantizar que el denunciante quede eximido de posibles delitos en un futuro procedimiento penal», alude De la Riva para resaltar que eso era precisamente lo que reclamaba la UE —en caso de que el denunciante formara parte de lo denunciado—.

Tal y como asegura nuestro socio, de acuerdo a su larga experiencia, la mayoría de casos de corrupción salen a la luz por la denuncia de alguno de los infractores. «Si no se asegura la protección del denunciante y este puede acabar autoincriminándose, ¿quién va a denunciar ante la nueva autoridad independiente contemplada en esta ley?», finaliza.