Nuestro socio director Ignacio Rodríguez de la Riva publica una tribuna en Cinco Días sobre la nueva ley de protección al denunciante de corrupción. Tal y como expresa, «es una oportunidad perdida» en la lucha contra la corrupción en España, debido a que deja varias cuestiones en el aire como la exoneración de responsabilidades penales para el denunciante.

El contexto de esta trasposición de la directiva europea es que llega más de dos años tarde a nuestro país. La primera consecuencia es que España se enfrenta a una posible sanción millonaria por mala praxis, en relación al retraso de la trasposición. Por el momento, la Unión Europea ha iniciado el expediente.

Además de llegar tarde, lo hace mal porque la trasposición no cumple con el espíritu y finalidad de la directiva: «Fomentar la política de denuncias y proteger al alertador de la corrupción«. De la Riva señala directamente a que «la mayoría parlamentaria ha hecho caso omiso, de nuevo, a la opinión de expertos».

Una oportunidad perdida para perseguir la corrupción

Pocos denunciantes van a elegir informar acerca de unos supuestos hechos delictivos, ya que la nueva ley no le asegura salir indemne. Entre otras cosas, la ley no prevé que el denunciante comparezca asistido de letrado ante la autoridad, por lo que puede acarrear su incriminación en el procedimiento.

En la mayoría de los casos de corrupción, los denunciantes asumen una importante responsabilidad por sus funciones y por haber estado en silencio durante mucho tiempo. Así que, si no tiene seguro salir indemne, no denunciará. Además, cuando accede a la documentación sin ser el destinatario de la misma, la ley prevé trasladarlo al Ministerio Fiscal para aclarar si hay delito de obtención de información, no para perseguir lo denunciado.

Esta oportunidad perdida podría haber incentivado las denuncias mediante la exoneración de responsabilidades penales de los denunciantes. Otro de los aspectos relevantes es que a estas alturas ya se podría haber aprobado la estrategia nacional contra la corrupción. Y en este punto, debería centrarse en la integridad como un valor en sí mismo y no en la creación de canales de denuncias.