En el caso del ex DAO en particular, que la víctima no haya podido denunciar por miedo a represalias es sencillamente inaceptable
El escándalo reciente protagonizado por el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha supuesto una conmoción para aquellos que esperamos que la policía proteja a las víctimas de los delitos y persiga a los responsables para ponerlos a disposición judicial. Con pleno respeto a la presunción de inocencia, puesto que hasta que no exista una sentencia firme no se le puede atribuir delito alguno, lo cierto es que los indicios que se han publicado en los medios son tan poderosos que su verosimilitud es suficiente para exigir responsabilidades políticas y revisión de protocolos. El problema además es que este escándalo no es algo puntual, sino que parece que había más agentes afectadas, y se ha unido a otras noticias de los últimos meses, como el del comisario destinado en la embajada de España en la India.
Tanto la oposición como el Gobierno de la Nación, consciente del alcance político de los hechos protagonizados por el exDAO, aunque oportunamente difuminados con la reciente desclasificación de documentos del golpe del 23F, han clamado por una revisión a fondo de los protocolos anti-acoso que existen en la Policía para que no se convierta en un escenario de impunidad para los acosadores cuando ejercen las más altas responsabilidades internas. Es necesario que se introduzcan figuras de control o supervisión externas a la estructura policial, que no dependan jerárquica ni funcionalmente de los principales responsables y que por supuesto puedan ejercer sus funciones con autonomía y libertad. El hecho de que las denuncias internas por acoso sexual hayan descendido un 50% en la Policía Nacional en sólo dos años, ya debería ser un signo de alarma, por si más que un descenso en la actividad delictiva, nos encontramos ante una inoperancia del sistema que disuade de ser utilizado.
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