La Generalitat ha aprobado el Decreto Ley nº7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, con 123 artículos, seis disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y seis disposiciones finales que pretenden reducir la carga burocrática de la Administración. Nuestro socio Ignacio Rodríguez de la Riva analiza la nueva situación, una vez más, para Economía Digital. ¿Solucionará los problemas endémicos de la Administración en general y de la Generalitat en particular?
De la Riva lo tiene claro: no. Bajo su opinión, se trata de una legislación incontinente; es decir, una legislación con la que para simplificar la actuación administrativa se aprueba por la vía de la extraordinaria y urgente necesidad. «Una norma desproporcionada en su alcance que carece del consenso necesario entre los partidos de Les Corts», explica.
Indica que «aunque la mayoría parlamentaria puede promover la redacción de nuevas leyes, es evidente que las circunstancias de extraordinaria urgencia que exige el art. 44 del Estatuto de Autonomía no se dan en el presente caso, mucho menos para reformar más de 60 normas jurídicas, la mayoría de rango legal».
También analiza nuestro experto que «el contenido, que afecta a normas muy complejas y polémicas, como la Ley de Ordenación del Territorio y el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), deba hacerse de tapadillo, en forma de Decreto Ley, sin informes de los órganos consultivos y sin el necesario análisis por todos los grupos afectados».
Las preguntas que hay que hacerse son: ¿es necesario aplicar medidas urgentes? ¿Debe simplificarse la tramitación administrativa para que pueda construirse un hotel a 200 metros de la costa en vez de a 500 como exige el actual PATIVEL? ¿En qué medida este cambio agiliza la tramitación administrativa?
Explica De la Riva que, en muchas ocasiones, la viabilidad de los negocios o actividades se basa en el criterio del funcionario y en el silencio administrativo, que suele funcionar en contra del interés particular. Es cierto que esta norma sí contiene alguna previsión al respecto y sí modifica el sentido del silencio administrativo (del negativo al positivo) en varios procedimientos, pero no debe llevar al engaño.
«En la práctica, los que estamos acostumbrados a luchar contra la Administración, sabemos qué es lo que sucederá, que antes del vencimiento del plazo llegará una comunicación denegando lo que proceda sin más tiempo de reacción, y lo que podía uno esperar cándidamente que se acabará aprobando, obligará al ciudadano a pelear la denegación en un procedimiento judicial», subraya.
«Los empresarios, los autónomos, los ciudadanos casi a día de hoy se conforman con que se cumpla el principio general de seguridad jurídica»
Para él, la Administración no debe ser objeto de una simplificación aparente de procedimientos previa complicación exponencial de sus normas, sino de una revisión a fondo de su modelo. En este, deberán primar los criterios de profesionalidad para el acceso al empleo público, se evalúe el desempeño y se exijan responsabilidades por la gestión.
El ciudadano no deberá verse como un capricho funcionarial ni se le espete el ‘vuelva usted mañana a ver cómo va lo suyo’. O lo que es peor: por sistema se diga que no a todo y se judicialice aún más la actividad de la Administración.
«Uno de los grandes temas del Decreto es la sustitución de licencias administrativas por declaraciones responsables, lo que a priori suena bien pero tiene una gran complejidad práctica», apunta.
Tal y como explica nuestro socio en el artículo, la Unión Europea, desde la Directiva 2006/123, exige que se supriman los numerosos y desproporcionados controles administrativos que restringen el libre acceso de los ciudadanos a las actividades de los servicios, como es sin duda las licencias previas. «Por lo que ya desde la Ley ómnibus de 2009 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015, se suprimen muchas licencias y se sustituyen por declaraciones responsables».
¿Cuál ha sido el problema de esta práctica? Que el ciudadano o la empresa, en muchas ocasiones, presenta una declaración responsable pero no lo es, lo que genera la acción restaurativa de la Administración a veces varios años después de iniciada una actividad comercial, entre otros casos.
«Por ello, limitarse a cambiar una licencia por una declaración responsable será un parce a un problema estructural, que además en los procedimientos que afecten a intereses de mayor protección, como los medioambientales, no debería dejarse la solución del problema al albur del paso del tiempo».
«La simplificación administrativa exige un esfuerzo de ciudadanos y entes públicos, y no una norma aprobada sin el necesario consenso parlamentario»
Concluye De la Riva su artículo indicando que «los ciudadanos quieren de sus representantes altura de miras, debate, debate y debate para que determinadas materias como la actuación administrativa quede al margen de los cambios de gobierno y los caprichos de los gobernantes».
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