El presupuesto reducido, el mantra del precio más bajo y los acuerdos anti competencia entre empresas constructoras son algunas cuestiones a considerar
La tragedia ferroviaria de Adamuz del pasado enero, de la que se cuentan nada menos que cuarenta y seis fallecidos y centenares de heridos, ha vuelto a mostrar como cara amable, la grandeza de nuestra nación, la solidaridad, la empatía, la cercanía de los ciudadanos con aquellos que más lo necesitan como consecuencia de una catástrofe, como sucedió el verano pasado con los incendios de León, la DANA de Valencia en el 2024 o el terremoto de Lorca en 2011. La otra cara es, nuevamente, la falta de sentido de Estado de la mayoría de los políticos y la ausencia de unidad para aquellos asuntos que tienen una transcendencia superior y en los que los ciudadanos, de cualquier sensibilidad política, exigimos altura de miras y consenso a nuestros representantes.
Precisamente como arma arrojadiza se está usando la contratación pública, insinuando que fue negligente, fallida o incluso fraudulenta, y que esa es la causa inicial del siniestro, y aunque el foco también debe ponerse en la contratación del mantenimiento de las vías, debe hacerse con desapasionamiento y con rigor técnico. Es un hecho notorio, y así lo ha publicado en su informe de diciembre de 2025 la Intervención General del Estado, que el gasto social ha subido exponencialmente, mientras que la política de inversión en infraestructuras y mantenimiento de las mismas ha ido bajando desde el año 2009, hasta situarse en unos niveles similares a los de 1995, pese a que la red ferroviaria ha aumentado de forma significativa en estos últimos treinta años. No se trata de cambiar gasto social por inversión en infraestructuras, sino modular la política económica de las Administraciones Públicas para que no se resientan los capítulos de gasto más importantes.
Por eso las políticas de planificación de la compra pública, de los contratos de la Administración, son esenciales, y pese a ello sólo una reducida parte las utiliza, cayendo la mayoría de los entes del sector público en la improvisación para manejar el presupuesto que tienen asignado. Se olvida que la contratación pública no existe como fin en sí misma, sino como medio para que los ciudadanos vean realizados sus derechos y puedan ejercer los que les confieren las normas para ejercer su dignidad como persona. Mientras no se ponga al ciudadano, a la persona, en el centro de la ecuación, y se reconozca que su dignidad exige que la Administración esté a su servicio y ponga a su disposición los medios para ejercer sus derechos, no habrá una compra pública respetuosa.
Lecciones aprendidas
Según la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, los ciudadanos tienen el derecho fundamental a la buena administración, y este supone, en cuanto a la contratación pública, que el presupuesto se destine con la mayor eficacia a satisfacer las políticas públicas, como así dispone nuestra Constitución, que se haga en base a un procedimiento reglado, en los plazos pertinentes y con las explicaciones que sean necesarias, al servicio de los ciudadanos. Y esto pasa no sólo por una adecuada planificación, sino por vigilar los acuerdos anti competencia de muchas empresas constructoras, como el que sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2021 y que luego ha sido confirmado por la Audiencia Nacional en 2024: en ese caso, se declaró probado que había un plan preconcebido de tres cárteles en el sector ferroviario para repartirse las licitaciones en perjuicio de Adif, confirmando sanciones de varios millones de euros. Exige también abandonar el socorrido mantra del precio más bajo, porque la oferta más económica no es necesariamente la más barata, y de hecho casi nunca lo es. Debe primarse la calidad, la experiencia en contratos similares, y garantizar así que las mejores empresas sean las que asuman la ejecución de este tipo de contratos. Y debe vigilarse de forma estrecha el cumplimiento de los contratos, porque es la parte más vulnerable de la contratación, bien si no se exige al contratista el cumplimiento en tiempo y forma, o bien si se le consienten mil y un modificados que le garantizan un mayor beneficio en la obra.
Estadísticamente las penalidades por cumplimiento defectuoso y no digamos las resoluciones de contratos por incumplimiento, siguen siendo casi anecdóticas. Por eso en algunos países, como en Colombia o Perú, donde hay una mayor presión de la corrupción, existe la figura del veedor de contratos, ciudadanos que escudriñan determinados expedientes de contratación para un mayor control del gasto público, tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras, con competencias parecidas a los interventores o a las cámaras de cuentas.
Una vez pase el necesario duelo, es necesario analizar las lecciones aprendidas de Adamuz respecto de la contratación pública, revisar qué ha fallado por si puede fallar en otro sitio, y qué debemos hacer para evitar que el mantenimiento de nuestras infraestructuras sea un verdadero mantenimiento predictivo y no correctivo, alejando cualquier práctica low cost de nuestros contratos públicos. El mes pasado ha sido una vía férrea pero el próximo mes puede ser cualquier otra infraestructura o maquinaria pública que cause un daño grave por falta del mantenimiento correcto.
Hace años me dijo un economista de renombre, que España siempre tendría futuro económico porque tiene un clima envidiable y unas infraestructuras, como el AVE, que nos habían puesto a la cabeza de Europa, y no le faltaba razón. Pero es necesario que esas infraestructuras se conserven adecuadamente, y se inviertan los recursos necesarios para seguir en cabeza, manteniendo la reputación del tren como un medio de transporte limpio, rápido y seguro.
Ignacio Rodríguez de la Riva es socio de De la Riva y Pastor Abogados
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