De la Riva y Pastor Abogados participa de manera activa en un fallo que sienta precedente aplicable en otras administraciones por analogía: la Audiencia Nacional ha revocado el cese fulminante de Joaquín Pérez-Íñigo por parte del Ministerio de Defensa en 2021, liderado por Margarita Robles, tras siete años como subdirector general de servicios económicos y pagadurías. ¿Por qué es una decisión tan relevante? Se trata de un caso que abre la puerta a revisar otros nombramientos a dedo por parte del mundo de la política en los organigramas ministeriales, en concreto en el salto a nivel de subdirector, el máximo escalafón del empleo público.
«La sentencia, que utiliza la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el caso de la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil sienta un antes y un después en el nombramiento y cese de los subdirectores generales«, indica Ignacio de la Riva, uno de los socio de la firma y letrado defensor de la familia de Pérez-Íñigo.
La Audiencia Nacional critica la decisión de Robles de reubicar, de manera sorpresiva, al general Pérez-Íñigo de su cargo, con una razón «vaga o imprecisa», a base de «expresiones opacas, estandarizadas» y por no aportar argumentos de peso.
Según estima el tribunal nacional, el paso de los años o la falta de eficacia e idoneidad para el cargo no son suficientes para justificar un traslado, en este caso del directivo, al puesto de asesor. En la demanda se valora que son argumentos vacíos.
Tal y como se informa desde el medio, esta decisión es provisional hasta que la sentencia sea firma, pues contra ella aún cabe recurso al Tribunal Supremo.
Antecedente
Hay que echar la vista atrás, hasta hace un mes, para centrarnos en otra importante sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de varios funcionarios de alto nivel que denunciaron el nombramiento de la subdirectora general que sustituyó al general Pérez-Íñigo al considerar que el ministerio de Robles no había convocado un concurso público para cubrir la plaza en cuestión. El TSJ les dio la razón. Este procedimiento judicial también ha sido llevado a cabo por De la Riva y Pastor Abogados.
En concordancia con el último fallo de la Audiencia Nacional, para el tribunal madrileño Defensa incurrió además en una doble ilegalidad: revocó de forma arbitraria a Pérez-Íñigo y asignó su plaza de forma opaca y sin organizar un concurso de méritos de forma pública.
Hay que destacar que hasta ese momento el Estado había defendido que la designación y el cese del personal, puestos de confianza y de carácter casi político, entraba dentro del poder discrecional del ministro de turno, pero ahora tanto la Audiencia Nacional como el TSJ han tirado por tierra ese argumento. Se debe recordar que en 2015 el Tribunal Supremo dictó que «todos los funcionarios tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos y que el criterio que finalmente decida el nombramiento se ajuste a las pautas que encarnan los principios de mérito y capacidad».
De la Riva tiene clara cuál es la situación actual: las administraciones tendrán que cumplir con dos deberes. Primero, deberán sacar las plazas de subdirector a concurso público; Segundo, motivar los ceses y «no dejarlos al capricho del poder político». «Si el Supremo avala este criterio, es previsible que se abra la puerta a más discusiones judiciales por estos nombramientos».
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