El Gobierno ha anunciado la reforma del delito de malversación, una decisión que afecta a Código Penal español. Nuestro socio director y confundador Ignacio de la Riva explica en The Objective el trasfondo de este cambio en la legislación.
«Va en contra del sentir de todas las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra la corrupción», destaca De la Riva para mencionar a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, la Unión Europea, el GRECO y la OCDE. En esta línea, alude a que esta reforma no pretende homologar el Código Penal de España a otros códigos europeos.
En cuanto a la reforma, con el cambio se entenderá por malversación el acto intencionado —de cualquier funcionario con responsabilidad de gestión de fondos, ya sea directa o indirecta— que comprometa, desembolse o se apropie de los fondos. También incluye la utilización de los fondos de forma contraria a los fines previstos inicialmente. Reduciría el número de conductas susceptibles de ser castigadas.
El nuevo delito de malversación
De la Riva asevera que la propuesta «es un paso atrás en la lucha contra la corrupción». De la misma manera, indica que «supone enviar un mensaje según el cual ser corrupto sale a cuenta si el político no se lleva el dinero a su cuenta». Nuestro socio director aboga por mantener la malversación de caudales en su redacción actual. “De lo contrario, se despenalizarían conductas de corrupción en las que el político no recibe bienes y se regalan a terceros”, finaliza.