El medio de comunicación Cinco días comparte la opinión de Ignacio Rodríguez de la Riva, Socio Director del despacho sobre la justicia, que comienza a aplicar la directiva de protección de los denunciantes de corrupción.
En palabras de Ignacio «La lucha contra la corrupción pública, que es una de las grandes preocupaciones de la sociedad española después de la pandemia y la crisis económica, requiere una amplia cultura transversal de cumplimiento normativo, en la que la formación de los gestores públicos, la transparencia y el control interno de su gestión, se complemente con la adecuada protección de los denunciantes de corrupción, y la sanción ejemplar no sólo de los corruptos, sino también de los que coadyuvan a mantener estas situaciones, ocultándolas, o persiguiendo a los defensores de la legalidad.»
Ignacio concluye el texto ofreciendo su opinión sobre nuestros políticos… se espera que sean sensibles tanto a las exigencias sociales de tolerancia cero contra la corrupción, como al control y castigo que ejerce el Poder Judicial con este tipo de sentencias, para lo que debería contarse en la tramitación parlamentaria de la ley que trasponga la directiva comunitaria, con la opinión de los expertos, redactando una norma que vaya mucho más allá del mínimo europeo, potenciando la Fiscalía Anticorrupción, dotando de medios a las Fuerzas de Seguridad, reforzando el papel de fiscalización y enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, e incluso creando juzgados especializados en este tipo de delincuencia económica, pero, sobre todo, haciendo que los corruptos devuelvan a la sociedad el coste causado con sus actos.
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