El pasado 16 de febrero se dio a conocer públicamente una trama de espionaje con la que altos cargos y puestos de confianza del Partido Popular pretendían investigar de forma secreta al hermano de Isabel Ayuso, por sospechar que cobró una comisión por un contrato concedido por el Ejecutivo madrileño a un supuesto amigo empresario, para adquirir mascarillas en abril de 2020. Nuestro Socio Director Ignacio Rodríguez de la Riva, explica los detalles del proceso al medio de comunicación El Plural, como experto en corrupción y Derecho Administrativo.

¿Quiénes serían los implicados?

 Isabel Díaz Ayuso, no tendría responsabilidad penal en caso de haber delito en la contratación de los servicios de Priviet Sportive SL, con la ya confirmada intermediación de su hermano. Con un matiz: solo la tendría “si alguien la incrimina directamente”.

Ignacio Rodríguez explica que los implicados serían las autoridades o funcionarios que firmaron el contrato por la compra de mascarillas FPP2 y FPP3 por un valor de 1,5 millones de euros, siempre en el caso que se observen indicios de criminalidad. Es decir, “aquellos que hayan adjudicado a la empresa sabiendo que era el hermano de Ayuso”. En este caso, Ayuso no tendría responsabilidad penal, siempre que “no haya indicios de que lo conocía antes o presionó para que se adjudicara esta empresa”.

Según nuestro Socio Director, cobrar una comisión por actuar como intermediario en contratos con el sector público es una práctica ilegal. Habitual en los casos de corrupción, pero ilegal.

¿Qué pasa si se demuestra la conducta ilegal?

Como aclaran en el artículo publicado en El Plural, «en caso de que se demuestre la conducta ilegal en la adjudicación del contrato, a pesar de las últimas declaraciones de Ayuso, la clave está en los 283.000 euros que denuncian fuentes del Partido Popular.» En primer lugar, si no se justifica debidamente ese dinero, podría considerarse malversación por caudales públicos, con hasta seis años de cárcel. Además, si se prueba que el hermano de Ayuso recibió una comisión -ilegal en los contratos públicos- podría haber un delito de fraude, también penado con prisión.

Por otro lado, en caso de no aparecer el dinero y ser tratado como comisión, los responsables serían Priviet Sportive SL, las autoridades y funcionarios de la Comunidad de Madrid que firmaron el contrato y también la empresa para la que trabaja Tomás Díaz Ayuso como comercial, es decir, no solo él como persona física.

Ignacio Rodríguez advierte que, podría desembocar también en delitos como prevaricación y ocultación de capitales, este último en caso de que no aparezca la supuesta comisión de más de 280.000 euros que habría recibido Tomás Díaz Ayuso. Por el momento Ayuso ha admitido una factura de 55.850 euros más IVA como «contraprestación» pero quedarían más de 220.000 euros por explicarse, de ser cierta la información desvelada por Génova. 

¿Son legales los contratos a dedo?

Adjudicar contratos de emergencia “a dedo” no tiene carácter ilícito, “siempre que la empresa tenga capacidad para ejecutarlo” explica nuestro socio. Es aquí donde surgen las dudas y hay que centrarse en el objeto social de Priviet Sportive SL. “Estamos poniendo el foco en Priviet, pero puede que el foco esté en el hermano de Ayuso”

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