Nuestro socio director y cofundador, Ignacio Rodríguez de la Riva, publica en Expansión una tribuna sobre la reforma del delito de malversación. Este hecho supone tres décadas de retroceso en la lucha contra la malversación, así como supone una barra libre en la fiesta de la corrupción.

No toda la atención ha de centrarse en la reducción de penas que implica la reforma. Existe una gran maldad oculta. No es otra que la reducción del periodo de prescripción, que pasa de 10 a solo 5 años, lo que facilita que los corruptos queden impunes.

A partir de lo anterior, un político que malverse durante una legislatura lo tendrá más fácil. Para cuando haya alternancia en el poder, ya sea tras una o más legislaturas, los hechos ya estarán prescritos y no se podrán reclamar por vía contable o penal.

Corrupción y retroceso en la malversación

En el mejor de los casos, si los hechos se producen en la legislatura anterior a un cambio de Gobierno, el nuevo Ejecutivo solo tendrá 1 año para analizar los expedientes pasados, denunciar y sentar en el banquillo al político. Por lo tanto, en la práctica, la malversación pasa a ser un delito prácticamente no perseguible. Esto da lugar a dinero irrecuperable y genera sensación de impunidad. Esta reforma supone la vuelta al Código Penal de 1995, un retroceso de 30 años en la lucha contra la corrupción.

Tal y como explica De la Riva, despenaliza conductas en las que el beneficio del político es difuso porque se traslada al futuro. Dos ejemplos son: la concesión de dinero público a asociaciones para ganar votos y la adjudicación de contratos a empresas afines al partido para asegurarse un puesto al dejar la política. Por tanto, la reforma deja barra libre de dinero público para repartir entre los amigos del político que no hace las cosas bien.