«La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid ha anulado el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S., al entender que su desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios».

Así se hace eco el medio especializado Noticias Jurídicas del caso del demandante Sergio G. D. S., representado por De la Riva y Pastor Abogados, que en julio de 2018 denunció supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Móstoles y, horas después, fue cesado por pérdida de confianza.

Condena al Ayuntamiento de Móstoles

Como destaca el citado medio, «este hecho, fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese, ha quedado demostrado a lo largo del juicio, por lo que la juez condena también al Ayuntamiento a abonar una indemnización por daños morales de 8.000 euros, justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante».

En la sentencia, la juez señala que, al margen del deber de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad, el demandante actuó también con el propósito de desvincularse personalmente de las mismas, es decir, “actuando no sólo en cumplimiento de sus deberes como empleado público, sino también en defensa de sus intereses legítimos”.

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